A partir de 2018 el municipio de Soledad pondrá en marcha lo que denomina la ‘revolución educativa’, dirigida a aumentar la calidad en la prestación del servicio.

Para ello, el Alcalde, Joao Herrera Iranzo, y la Secretaria de Educación, Tulia María Mosquera González, se encuentran diseñando, como punto de partida, la actualización del Banco de Oferentes para la contratación del servicio con colegios privados que sean evaluados y queden habilitados.

“El Banco de Oferentes actual tiene vigencia hasta 2018 pero la norma (Decreto 1851 del 15 de septiembre de 2015) permite su actualización de acuerdo con las necesidades”, precisó la Secretaria de Educacion.

En este caso, son tres los argumentos básicos para la actualización: fortalecimiento del sector oficial; crear mejores criterios de calidad educativa y ubicar la población estudiantil que se encuentra fuera del sistema para atenderlos dentro del sector oficial.

En el primero de los casos, la cobertura del sector oficial pasó de 44.270 estudiantes en 2016 a 48.150 en 2017.  Con ello, en la presente vigencia, bajó la contratación con colegios privados, pero aumentó la cobertura oficial.

Actualmente, con la contratación privada son atendidos 34.742 estudiantes en 64 establecimientos educativos, lo que representa 33.913 millones 430 mil pesos.

Se calcula que 30 mil estudiantes se encuentran fuera del sistema, especialmente en las zonas del suroriente y suroccidente, cifra a la que habría que descontar aquellos que se encuentran ubicados en Barranquilla, Malambo y Galapa.

Para la Secretaria de Educación, Tulia Mosquera González, un aspecto fundamental para la actualización es el aumento de los criterios para la calidad educativa, teniendo en cuenta la autonomía que le brindan las normas para seleccionar los oferentes que queden habilitados.

“Vamos a ser más exigentes en la calidad educativa con colegios que le apunten a criterios  que estén por encima de las normas”, recalcó la funcionaria.

En efecto, el citado Decreto exige como requisito para habilitación las instituciones que en los últimos resultados publicados por el Icfes, correspondientes a las pruebas de Estado Saber presentadas, hayan alcanzado puntajes superiores al Percentil 35 en las áreas de Lenguaje y Matemáticas. Además, señala que la entidad territorial certificada podrá establecer criterios de trayectoria e idoneidad superiores a los establecidos por dicho Decreto.

Adicionalmente exigirá criterios superiores en el Índice Sintético de Calidad, en metas de mejoramiento mínimo anual, en buenos ambientes recreacionales y escolares, que se encuentren en la jornada única y que cuenten con dotaciones, como laboratorios, entre otros aspectos.

Con todo ello se busca “poder contratar con los establecimientos educativos que realmente le apunten a la calidad educativa”, reiteró.

“Para 2018, en materia educativos con colegios privados habrá un vuelco total con criterios de calidad”, afirmó.

La norma establece la exigencia para que la entidad territorial certificada evalúe nuevamente a los oferentes que habían sido habilitados inicialmente, bajo los criterios que sean definidos en el marco de la actualización.

Como paso previo, la Administración Municipal abrirá puestos de inscripción  para que los estudiantes puedan acceder a un cupo, bien sea en el sector oficial o privado.